viernes, 26 de marzo de 2010

24 de Marzo


Defender la empresa y la propiedad privada es el primer deber- dijo el general Ramón Genaro Díaz Bessone, ministro de Planeamiento de la dictadura, en octubre de 1977, en los salones de la Bolsa de Comercio de Rosario, mientras los dueños de casi todas las cosas aplaudían la declaración pública del ADN del golpe del 24 de marzo de un año antes. Nada de patria ni heroísmo: empresa y propiedad privada era el primer deber de los herederos de San Martín aquel que juró jamás desenvainar su espada para derramar sangre de hermanos.

Para lograr aquel “primer deber”, las fuerzas armadas y de seguridad, títeres macabros del poder económico, los verdaderos titiriteros; desaparecieron 30 mil personas en la Argentina. La mayoría de ellos -en casi un ochenta por ciento- trabajadores; la mayoría de ellos -en casi un setenta por ciento- jóvenes menores de treinta años. Las cifras son claras. Mataron para robar. Aniquilaron para construir una sociedad obediente que no discutiera los deseos de la empresa y la propiedad privada. Sangre y dinero, la síntesis del sistema.

Y una cifra más: entre 1975 y 1983, la deuda externa aumentó en 35 mil millones de dólares. Si se cruzan esos números con la cantidad de desaparecidos, aparece una revelación: por cada luminosa vida de una joven, de un joven trabajador con ideas revolucionarias, los proveedores de la muerte le dejaron una factura a la sociedad argentina de más de un millón de dólares por cada una de esas existencias solidarias y comprometidas. Mataron para robar.

Pero, ¿cómo eran aquellos pibes, aquellas muchachas?

Soñaban que en la tierra hecha de pan, trigo, carne y riquezas no haya una sola familia que no decidiera el futuro mejor para sus hijos; creían que todos tenían derecho a ser felices porque, según decía aquel desesperado revolucionario de dos siglos atrás, Manuel Belgrano, la revolución y la política sirven para ser felices. Para que la felicidad no sea la propiedad privada de unos pocos.

El cronista sabe que una pareja de adolescentes, ella de quince años y él de diecisiete, antes de ser ejecutado, produce una postal que se repitió en decenas de los casi cuatrocientos centros clandestinos de detención que afloraron durante la noche carnívora. Ella le pide una canción de amor de despedida y él, entonces, elige cantar el himno nacional. Durante dos horas canta y canta aquello de vivir con gloria después de haber logrado que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Y es su canción de amor para la compañera y para los demás.

Y la memoria del periodista también sabe que una maestra que enseñaba a leer y escribir, a sumar y restar a los hijos de los mensúes en un paraje correntino es salvajemente estragada por sus cancerberos pero siete años después, cuando le dicen que se vaya, ella, la maestra que formaba parte de aquella generación de jóvenes trabajadores con ideas revolucionarias, ella decide volver a los montes para que las hijas y los hijos de los condenados de la tierra no sean engañados por ningún patrón.

Y también sabe que muchas mujeres parieron mientras les apuntaban con fusiles y que supieron que la osadía del sol al colarse por un hueco de una ventana de una sucia pieza iluminando el cuerpito de su hija era el principio de una victoria que parecía lejana.

Treinta y cuatro años después, esos miles y miles de sueños colectivos inconclusos están en las necesidades de las mayorías argentinas.

Porque el primer deber es ser felices en un país con justicia y democracia en serio. Porque ellos están ahí, en el interior de cada una de las urgencias cotidianas.

Por Carlos Del Frade

lunes, 8 de marzo de 2010

EL LUGAR DEL PROGRESISMO EN EL DEBATE



Por Alcira Argumedo

De eso no se habla

En las múltiples y turbulentas discusiones sobre el DNU, es sintomático el silencio acerca de las posibilidades existentes para obtener ingresos fiscales que no provengan del uso de reservas ni de ajustes en despidos, salarios y gasto social. Al mismo tiempo, se descalifica la necesidad de abordar una auditoría de la deuda pública, susceptible de establecer cuál es la proporción legítima y cuál la fraudulenta: remarcamos que se trata siempre de la misma deuda contraída por la dictadura militar; sólo ha sido sometida a numerosas y oscuras renegociaciones: Brady, Blindaje, Megacanje, Lavagna-Kirchner. Ante la propuesta de investigar la deuda, se acusa a Proyecto Sur de irracionalidad e irresponsabilidad: en estos mismos momentos el Parlamento de Brasil, con el aval del presidente Lula –al que nadie considera irracional e irresponsable–, está investigando la deuda brasileña de los últimos treinta años. Tampoco es irracional e irresponsable el presidente Rafael Correa de Ecuador, quien abordó una rigurosa auditoría: cuando los acreedores supieron que se habían registrado prolijamente todos y cada uno de los desfalcos cometidos, acudieron pronto a negociar aceptando el pago de una tercera parte de lo demandado. Ambos mandatarios cumplen así con la Declaración aprobada por el Parlamento Latinoamericano durante su reunión de Panamá en diciembre de 2008, que los delegados del gobierno argentino apoyaran, marcando el imperativo de investigar las deudas de nuestras naciones.

La actual deuda pública no es algo del pasado –como la de la Baring Brothers en el siglo XIX– en tanto continúa produciendo durísimas consecuencias para la gran mayoría de nuestros compatriotas. Baste tomar algunas cifras del Presupuesto nacional 2010, cuya revisión también propone Proyecto Sur: gasto público en Salud, 10.160 millones de pesos; gasto público en Educación y Cultura, 19.431 millones de pesos; pago de intereses de la Deuda Pública, 26.676 millones de pesos. Con el único requisito de saber sumar, puede comprobarse que los intereses de la deuda (solamente intereses) insumen casi el equivalente a la suma del gasto público previsto en el presupuesto para Salud y Educación este año, y tenemos por delante muchísimos años: los cálculos optimistas indican que, de cumplirse con todos los vencimientos anuales de intereses y capital, sin contraer más deuda, en el 2089 los argentinos que queden estarían a mano. Si ahora se pagaran los 25.000 millones de dólares de capital que vencen en 2010, significarían unos 100.000 millones de pesos adicionales: en total, cinco veces los montos destinados en el Presupuesto a Salud y Educación.

Nadie puede negar que el incremento de la pobreza y la precarización laboral, los dramáticos problemas de vivienda y salud, la crítica situación del sistema educativo son algunas de las secuelas directas del tratamiento de la deuda en las tres últimas décadas. Esto se denomina efecto continuado sobre la mayoría de la sociedad argentina –reforzando, entre otros aspectos, su carácter de “deuda odiosa”– y respalda la validez histórica de afrontar una auditoría como lo han hecho Ecuador y Brasil, reivindicando su dignidad nacional. Un contraste con las declaraciones del ministro Florencio Randazzo, quien durante un programa en TN afirmara que si bien todos sabemos que el 70 por ciento o el 80 por ciento de la deuda es ilegal, debe pagarse. Quede claro que Proyecto Sur no plantea un default: al igual que en Ecuador, es posible realizar ciertos pagos no cuestionados o depositar en el Banco de Basilea como consignación, mientras una Comisión Bicameral asesorada por peritos nacionales e internacionales investiga el conjunto del endeudamiento y su legitimidad.

Cuando se analizan otros aspectos del Presupuesto 2010, resaltan cifras de las cuales tampoco se habla: para subsidios del Estado a las corporaciones –entre otras Repsol, Panamerican Energy (British Petroleum y Standard Oil) o Barrick Gold– en regímenes de promoción, exenciones del impuesto a las ganancias y reintegros, están previstos unos 11.400 millones de pesos; además, según García (Página/12, 6/2/2010), se “permite a empresas hidrocarburíferas dejar en el exterior más del 70 por ciento de los montos exportados y a las mineras, el ciento por ciento”, sumado a “las utilidades y dividendos remitidos por las empresas de capital extranjero, que vienen creciendo aceleradamente”. Es posible comparar estos datos con el costo neto de 7326 millones de pesos en concepto de universalizar las asignaciones familiares; mucho menor que las dádivas a las corporaciones privilegiadas.

Silencio sobre otras fuentes potenciales de ingresos fiscales: si se restablecieran las contribuciones patronales de las grandes empresas (no de las Pymes) al nivel de 1993, cuando Cavallo las disminuyó drásticamente, la Anses recibiría unos 15.000 millones de pesos; un impuesto mínimo a las transacciones financieras aportaría otros 11.000 millones de pesos. El señor Cristóbal López y sus socios no pagan impuestos por los importantes beneficios derivados de la aberrante expansión del juego en todo el país; pero la señora de la villa que compra un kilo de harina, aporta el 21 por ciento. Silencio sobre la necesidad de gravar las ganancias extraordinarias, que alcanzaron el 50 por ciento anual para los bancos y varios grupos económicos, según señala el asesor jurídico de la CGT, Héctor Recalde, basándose en datos de la Bolsa de Comercio: en Japón las empresas consideran un gran éxito obtener ganancias cercanas al 10 por cento . Silencio sobre la inflación que carcome los ingresos populares y obliga a reconstruir un Indec en el cual pocos creen.

De este modo, si simplemente se restablecieran los aportes patronales, se anularan las prebendas a las corporaciones y se impusiera un mínimo gravamen a las transacciones financieras, el Estado tendría aproximadamente 42.000 millones de pesos, equivalentes a unos 11.000 millones de dólares, que casi duplican las reservas del DNU. En esta breve síntesis, esbozada como base para un debate serio y sin exacerbar conflictos, sobre el futuro de la Argentina en el marco de la actual crisis mundial (Zaiat, Página/12, 6/2/10), puede percibirse que Proyecto Sur no es funcional a los neoliberales ni promueve ajustes en los salarios y el gasto social (Bruschtein, Página/12, 6/2/10); más bien es posible preguntar quién es funcional al neoliberalismo. Somos una fuerza política comprometida con el interés nacional y el futuro de las mayorías sociales, en particular el de nuestros chicos y jóvenes condenados a la pobreza y la indigencia; no tenemos compromisos económicos con nadie ni estamos en oferta: nuestra decisión es hacer lo imposible por frenar el saqueo iniciado con la dictadura militar al costo brutal de 30.000 desaparecidos y sus consecuencias, el otro costo brutal en vidas humanas por hambre, miseria y enfermedades curables. Investigar la deuda fraudulenta es una forma más de reconstruir la memoria y revertir en parte aquello que denunciara Rodolfo Walsh en su ya mítica Carta a la Dictadura Militar.

martes, 2 de marzo de 2010

El drama y la Farsa


Mas sobre la deuda ilegítima...

En estos tiempos es pertinente recordar esa reflexión de Carlos Marx, cuando señala que la historia tiende a repetirse una vez como drama y otra como farsa: comparaba por entonces las experiencias en Francia de Napoleón Bonaparte y décadas más tarde, la de su sobrino Luis Napoleón. Asimismo es pertinente evocar los dichos de un filósofo del mismo apellido, Groucho Marx: “Estos son mis principios; pero si usted prefiere, tengo otros”. El tema se vincula con la reiterada cantinela de algunos críticos a Proyecto Sur, considerándonos integrantes de la nueva Unión Democrática, aliados de una derecha que estaría acosando al movimiento nacional y popular. Raro movimiento nacional y popular que, en el primer acto simbólico de los festejos del Bicentenario de nuestra Independencia, crea un fondo destinado a pagar la deuda ilegítima, como mérito para ser aceptado por el FMI y el capital financiero especulativo: aquí vale Carlos Marx. Rara igualmente la posición de ciertos intelectuales, economistas, cuadros políticos y periodistas, cuyos principios los llevaron a criticar duramente el modelo neoliberal -con su pilar fundamental en la deuda externa fraudulenta- y ahora coinciden con el gobierno y la oposición conservadora en la necesidad de “honrar la deuda”: aquí vale Groucho Marx.


La deuda externa fue contraída en forma escandalosa bajo la dictadura militar, al amparo de la impunidad sustentada en el terrorismo de Estado: cubierta de sangre y lodo, entre 1978 y fines de 1980 creció desde unos 7.800 millones de dólares a 45.000 millones, de los cuales 23.000 millones era deuda del sector privado, estatizada por el inefable Domingo Cavallo. Un hombre del establishment con la ductilidad requerida para ser funcionario de la dictadura, del gobierno menemista del PJ y del de la Alianza de la UCR con el Frepaso: los dos últimos, expresiones del bipartidismo que ahora se pretende consolidar con la Ley de Reforma Política. A pesar del concepto de “deuda odiosa” -definido por el presidente norteamericano William Taft con referencia a los préstamos otorgados a tiranías que deben considerarse ilegítimos y aplicado en 2003 a la deuda de Saddam Hussein en Irak- desde 1985 la deuda externa sería utilizada como el instrumento clave para imponer las políticas de ajuste del FMI y el Banco Mundial. Iniciadas con el Plan Austral de Alfonsín, durante los noventa las políticas de ajuste y despojo llegaron al paroxismo: en 1991 la deuda era de 60.000 millones de dólares y como forma de pago se enajenó el 90% del patrimonio estatal, junto a la caída de los salarios, el empleo y las jubilaciones, a la flexibilización laboral y a la restricción de los fondos destinados a políticas sociales, alimentando inéditos niveles de pobreza, indigencia, desocupación y sufrimiento: sin embargo, al finalizar la década se había incrementado a unos 120.000 millones. En julio del 2000 ingresaba al Parlamento el fallo del juez Jorge Ballestero quien, en base a las denuncias de Alejandro Olmos y después de dieciocho años de investigarla con peritos y expertos, establecía el carácter ilícito y fraudulento de la deuda. Salvo dignas excepciones, los legisladores guardaron un riguroso silencio que aún perdura. En esos meses, el “blindaje” de Machinea y el “megacanje” de Cavallo la incrementaron en 55.000 millones de dólares más, hasta que llegó el corralito. Aunque habían recibido de ellas ganancias gigantescas, los bancos extranjeros desconocieron las obligaciones de sus filiales y, al tiempo que se confiscaban las cuentas de pequeños y medianos ahorristas, salían hacia Ezeiza camiones cargados con 27.000 millones de dólares a fin de resguardar los depósitos de los grandes clientes: los “buitres” no son sólo los fondos designados con ese nombre; también son buitres, entre otros, el Deutsche Bank, el Citibank, el Bank of Boston, el Banco Francés, la Banca Morgan , el Banco Galicia, Shell, Esso o Aluar, beneficiados además con la estatización de su deuda privada en 1981.

Pero no se trata únicamente de aspectos financieros; las consecuencias sociales de la deuda dan cuenta de la desintegración de la sociedad argentina y de las profundas heridas que ha dejado en nuestro pueblo. En 1974/75 la población en condiciones de pobreza rondaba el 7%, ahora estamos en un 40% si se desechan las cifras del INDEC y la absurda medición de la línea de pobreza: una familia que gana menos de 1077 pesos mensuales es pobre, pero si recibe 1100 pesos dejaría de serlo. El 50% de nuestros niños y jóvenes menores de veinte años -unos seis millones- afrontan situaciones de miseria o indigencia. El 80% de los jubilados y pensionados cobran ingresos por debajo de esa línea de pobreza. La tasa de desocupación era de un 3% histórico, en estos días alcanza dos dígitos y el 40% de los empleos son precarios o en negro. En las evaluaciones de calidad educativa realizadas por la Unión Europea en 57 países del mundo, ocupábamos los primeros lugares y actualmente nos situamos en el puesto 51, superando sólo a Qatar, Túnez, Azerbaiyán y Kirguistán. Casi la mitad de los adolescentes entre 14 y 17 años ha desertado o no cursa el secundario: nivel de formación mínimo para acceder a un trabajo digno; lo cual, además de una injusticia, supone hipotecar el futuro inmediato de la nación. Sin mencionar las cuestiones de salud o vivienda, sobran los indicadores que demuestran la gravedad de la catástrofe social.

Cuando ante estas realidades contundentes exigimos una auditoría con el propósito de diferenciar la deuda legítima de la ilegítima y enviarla a la Corte Internacional de La Haya , se nos acusa de desgastar al gobierno como parte de la tan mentada Unión Democrática. El presidente Rafael Correa de Ecuador acaba de auditar su deuda y los acreedores aceptaron el pago de un 30% de lo exigido, dado el temor a que se evidenciaran en un juicio los manejos turbios comprobados. Además de los antecedentes del dictamen del juez Ballestero y de las tres causas que se están procesando en los tribunales, tomamos en consideración el accionar de los grandes bancos y los capitales financieros especulativos en los países centrales. Si fueron tan delincuentes que derrumbaron Wall Street, la economía norteamericana, la de la Unión Europea y la del Japón, junto a otras menores; si fueron cómplices de la quiebra de Enron, considerada por la revista Fortune como la empresa ejemplo del mundo durante los cinco años anteriores; si pudieron robarle los ahorros al propio Henry Kissinger; tenemos derecho a sospechar que con nosotros no fueron demasiado honestos. En consecuencia, la “contradicción principal” no pasa por pagar con reservas o con políticas de ajuste -en la versión oficialista o en la de la oposición de derecha- sino por una auditoria de la deuda externa, jerarquizando la deuda interna y un proyecto nacional capaz de revertir ese saqueo con sus duras secuelas o seguir actuando como un enclave colonial.

Dip. Nac. Alcira Argumedo